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REPRESIÓN DE ESTADO : EL CATEO A LA CASITA Y LA MANIFESTACIÓN INCÓMODA Miguel Zinzer
Dedicado a la sensibilidad humana, que en aras del pragmatismo político, envió una fuerza policíaca de treinta elementos a catear un albergue de niñas, y a los valientes elementos de la PGJE que participaron en tan heroica acción.
Palacio Reforma Corrupción en la PGJE. Cuando la abogada Leydi Campos se presentó en la Subprocuraduría de Justicia del Estado la semana pasada para darle seguimiento a unos expedientes, de inmediato se percató de la flagrante irregularidad. Los mismos no estaban en su lugar, habían sido “concentrados” en una zona restringida a la cual no tenía acceso. Eso implicaba que no podía consultar los expedientes para darles seguimiento como representante legal de La Casita. En pocas palabras, además de violar la ley del derecho a la información, la PGJE estaba dejando a la asociación civil que representa en estado de virtual indefensión jurídica. Si a eso se le suman los acarreos de testigos aleccionados por Lina Pinto a costa del erario público, presionados por la autoridad para declarar, como consta en un contundente video, era evidente el contubernio para favorecer al adinerado pedófilo preso, Miguel Ángel García Rascón. La larga mano del pederasta. Como protegido y consentido de más de un alto directivo de la cadena hotelera Oasis, la larga mano del pederasta, involucrado con otros directivos anteriores —según consta en otra revelador video— en cuantiosos robos de materiales de construcción a los propietarios del Grupo Oasis, se había extendido hasta la mismísima Procuraduría de Justicia. Así que la consigna era obvia: abultar artificialmente los expedientes contra La Casita lo más posible y dejar en estado de indefensión a la asociación civil para favorecer al pederasta y sus esbirros para que quede libre. La reunión con el Procurador antes de la marcha. La abogada hizo notar la anterior ilegalidad tanto al Sub procurador como al Procurador de Justicia, Bello Melchor Rodríguez Carrillo, en diferentes reuniones que sostuvo con ellos, al mismo tiempo que les informaba —afirma que por cortesía— que filántropos y asociaciones de derechos humanos estaban por realizar una manifestación pública de apoyo a la Dra. Patricia Seoane y para solicitar el apego a derecho de las investigaciones. La marcha sorpresa. Ninguno de los dos funcionarios objetó a lo que constitucionalmente es un derecho, no una concesión virreinal. Pero al otro día, el procurador Bello Melchor Rodríguez, cometió su primer error político —uno que será costoso— cuando, al ver el tamaño de la marcha, asumió una postura francamente fascistoide y se sacó de la manga un cateo express a las instalaciones de La Casita para tratar de intimidar a la abogada para que se levantara el plantón que incomodaba al gobernador. Desconocía el Procurador que el mismo estaba organizado al menos por tres diferentes ONG’s. Ninguna de las dos maniobras le funcionó. En cambio, expuso la imagen del gobernador del Estado, Félix Gonzáles Canto, al no informarle de la marcha, la cual estalló cuando éste se reunía con los máximos directivos nacionales de la Coparmex en el Centro de Convenciones de Cancún. ¿Y el Secretario de Gobierno? Bien gracias. Intimidación policíaca. Así, con una política de represión policíaca contra la sociedad civil, el gobierno de Félix González Canto, nos da un vislumbre de lo que será su gestión. Inevitablemente, este penoso caso trae a la memoria los tiempos caciquiles que hicieron famoso a su predecesor, Mario Villanueva Madrid, quien no toleraba la más mínima libertad de expresión o cuestionamientos sociales a su actuación como servidor publico. De esta manera, la irresponsabilidad de un reportero ambicioso dedicado a defender a un hotelero pedófilo usando a placer plana tras plana de un diario local para difamar a la Dra. Patricia Seoane, valiente ciudadana que interpuso la denuncia que lo llevó a la cárcel, encendió la mecha de un conflicto que le estalló en las manos el viernes 20 de mayo al Gobernador Félix González Canto ante la incompetencia política de varios de sus colaboradores. Los medios locales registraron las dos manifestaciones simultaneas realizadas el viernes en el centro y en la zona hotelera, respectivamente. En la misma, se dieron cita lo mismo filántropos y empresarios locales que activistas de derechos humanos y ciudadanos estadounidenses y canadienses para protestar, de manera pacífica, contra el hostigamiento que la asociación La Casita y su directora vienen siendo objeto con la evidente complicidad de funcionarios de la nueva administración estatal. Asimismo, hicieron patente su repudio a la irresponsable criminalización de turistas internacionales que apoyan de manera altruista la labor de La Casita. En vez de enviar a una autoridad competente a escuchar al menos sus legítimas demandas, un video filmado por un observador internacional de derechos humanos, documenta las maniobras de intimidación de una policía prepotente, quien amenazaba airada a uno de los ciudadanos estadounidenses agraviados en su reputación para tratar de intimidarlo. En vez de diálogo, hostigamiento policíaco. En vez de política, prepotencia. Que inevitablemente daña la imagen internacional de Cancún. A pesar de tratarse de un mero ejercicio del derecho a manifestarse pacíficamente—y a diferencia de muchas otras marchas—sin bloquear el tráfico vehicular, la manifestación elicitó una respuesta violenta y prepotente que contó con el aval del Gobernador. En vez de hallar un interlocutor dispuesto a dialogar, la presencia de los manifestantes en el Centro de Convenciones de Cancún, irritó visiblemente al Procurador de Justicia, Bello Melchor Rodríguez. Su reacción fue la represión policíaca, la amenaza del poder desde los medios. La redada. Mientras un alto integrante de la oficina de Gobierno simulaba dialogar por teléfono con la abogada Leydi Campos para que se retiraran algunas de las mantas incomodas en inglés que expresaban cuestionamientos de fondo al Gobierno estatal, el procurador Bello Melchor Rodríguez, movilizaba, ipsofacto, a una treintena de elementos de la Procuraduría de Justicia, incluyendo al Subprocurador de la Zona Norte, agentes del MP y personal armado, para realizar un “urgente cateo” a las instalaciones de La Casita. Circo policiaco. El Juez Cuarto de lo Penal recibió la súbita petición para conceder la orden de cateo. La “justificación” legal fue una artimaña hilarante: justo en ese momento, exactamente a la hora de la marcha que incomodaba al Sr. Gobernador ante los integrantes nacionales de la Coparmex, la PGJE “temía por la integridad física” de los menores de La Casita. Después siguió un flagrante acto de intimidación de Estado: treinta valientes integrantes de la PGJE arribaron a las instalaciones de La Casita en un ostentoso operativo, pretendiendo ingresar a una Casa Hogar con mujeres y niños victimas de violencia. Unos elementos, hasta con la pistola al cinto. Para que se viera bien. Denuncias ante instancias internacionales. El juez, sin embargo, en estricto apego a derecho, no permitió la entrada de la pandilla policíaca, evitando la consumación del atropello, no así la afectación emocional de los menores que vieron la redada. Por lo mismo, tres asociaciones de derechos humanos han interpuesto denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos y ante Amnistía Internacional. Y van acompañadas de videos, fotos y sólidas pruebas de que se trató de un hostigamiento policiaco en respuesta a una legitima protesta. Irónicamente, a la misma hora, el Gobernador Félix González Canto continuaba su reunión con la Coparmex, en la cual integrantes del máximo órgano empresarial del país remarcaron los graves problemas de impunidad y corrupción que han flagelado a Cancún administración tras administración. En su premura por amedrentar a los manifestantes, el Procurador Bello Melchor Rodríguez movilizó presuroso a sus treinta elementos, incluido al mismísimo Subprocurador, se presentaron en La Casita con agentes armados, e incluso equipo especial para romper puertas. Pueden verse fotos y bochornosos videos, que ya dan la vuelta al mundo, en WWW.LACASITADECANCUN.COM Pero la orden de cateo no justificaba legalmente su ingreso y, mucho menos, su aparatosa presencia. Fue suficiente, para realizar la diligencia, el ingreso del juez y el secretario de acuerdos del Juzgado Cuarto Penal, y de un agente del Ministerio Publico. A fin de cuentas, la misma concluyó en lo que todo mundo ya sabía, incluido el mismo Bello Melchor como hace algunas semanas lo declaro a los medios: que no había anomalía alguna y que los menores en el albergue se encontraban en buen estado. Las amenazas del Procurador A pesar de ello, el Procurador se quejó ante los medios de Cancún el día sábado acusando con vehemencia al Juez de parcialidad, porque se apegó a derecho y no permitió el ingreso de judiciales y guaruras. Visceral, quiso presionar al poder Judicial, ignorando la separación de poderes, y aun se lamentó de que no se hubiese procedido a tumbar las puertas de la asociación que da cobijo a infantes, bebes abandonados y niñas de por sí traumatizadas por la violencia. La sensibilidad humana del Sr. Procurador asombra. Pero cuando los principios y la legalidad se alquilan al servilismo político, aunque se revistan de aparente legalidad, no son mas que actos de corrupción que denigran a las instituciones de justicia. Hay mas de cien antros de vicio en Cancún—todos conocidos por la ciudadanía y que gozan de protección política— a los cuales les caería muy bien un “urgente cateo sorpresa” de esas dimensiones (con todo y Subprocudador) La Procuraduría tiene varias órdenes de aprehensión dictadas por jueces contra violadores y proxenetas, que negligentemente no ha cumplimentado, pero aquí se trataba de reventar la marcha agarrando de rehén a La Casita y sentando un precedente político. Tras bambalinas, la ambivalencia de un Procurador de Justicia que primero declara en público que no existe irregularidad alguna en la Casa Hogar, y que luego de dos semanas despacha a treinta elementos de la Procuraduría bajo el repentino pretexto de que existe temor de que supuestos maltratos, no obedece a que, quien ha sido juez, crea historietas de gacetillas, sino a la intensa presión política que la marcha le generó, pues él sabía perfectamente, desde un día antes de la misma, que se preparaba, pero la misma tomó por sorpresa al Gobernador en el evento de la Coparmex, poniéndolo en una situación incómoda. Los operadores políticos del Gobernador resultaron ineficientes, primero para prevenir una manifestación a través del diálogo y la atención a legítimas demandas. Y en segunda instancia, para dar respuestas a los manifestantes afuera del Centro de Convenciones. Su reacción fue, en cambio, apostarle a la intimidación de Estado. Al despliegue policiaco. Lamentablemente, el Gobernador del Estado, según declaraciones consignadas a la prensa local, hizo eco a la política de la represión. De facto, sus declaraciones —ninguna desmentida hasta ahora— sólo echaron más leña al fuego. Dejaron más insatisfechos a los manifestantes. El conflicto escaló a otro nivel, en vez de descender. Al otro día—el sábado—los manifestantes buscaron un interlocutor distinto e hicieron oír sus protestas entre el turismo internacional en la zona hotelera a la vez que repartían volantes con información. Fueron 40 mil volantes en ingles y español, según los organizadores. En otras palabras—y aunque una sutil censura lo quiso ocultar a la población de Cancún—realmente fueron dos días consecutivos de protestas. Las mismas incluyeron distintas acciones, como la entrega de una queja formal en el Consulado estadounidense por uno de los filántropos de ese país, que fue recibida por el diplomático en turno. Para la próxima manifestación las asociaciones tienen programado reunir a 300 personas para una semana continua de marchas y plantones. La misma, volverá a contar con observadores de derechos humanos internacionales y—sí—con la participación de una mayor cantidad de turistas estadounidenses bien dispuestos a que les apliquen el 33 constitucional. Aquí va el tip para que a nadie lo tome desprevenido. No han dicho el día exacto. El Procurador Bello Melchor Rodríguez debe entender que como primer abogado del Estado, es su deber hacer respetar el estado de derecho para todos. Eso incluye a los filántropos estadounidenses que han sido difamados impunemente por un par de medios locales. Debido a que su labor altruista los trae a este destino turístico con sus familias, no desean verse criminalizados por ayudar a un proyecto de asistencia a la niñez en el que han colaborado para construir y sostener por muchos años. A su vez, el patronato local de la casa hogar no estará conforme mientras siga la campaña de desprestigio, y ahora de agresión policíaca contra La Casita. En realidad, el hostigamiento de Estado contra la Dra. Seoane y a La Casita es una agresión contra todos los que colaboran en ese proyecto. Hasta ahora, ha resultado un error de cálculo garrafal del Gobierno el conflicto con La Casita, pues como se ha visto, va ligado a la imagen internacional de Cancún y cuenta con el apoyo, arraigo y simpatía de amplios sectores locales e internacionales. Los intentos por minimizar la manifestación del viernes y pretender que no existió lo del sábado, no cambian los hechos. Observatorio mediático. Un recuento de la forma en que se contabilizó a los manifestantes por distintos medios—desde los más objetivos, hasta las gacetillas de escándalo—nos dan un rango de sólo “tres manifestantes” (sic), según un pasquín, hasta alrededor de 50. Otros aseveraron que fueron 15. El consenso de la prensa fue de alrededor de 50. Para ser más exactos, la contabilización de un observador de derechos humanos, ubica la cifra inicial en 65, divididos en dos contingentes bien organizados. Si la próxima manifestación tendrá 300 como informaron y durará una semana entera, hará poca diferencia que se minimice y se diga que fue de 30 o de 10. La gente no está ciega y menos los turistas de la zona hotelera. Tampoco tendrá mayor relevancia si la abogada Leydi Campos llega a ir a la cárcel o no, como solicitan grupos de presión a manera de las jaurías en el Coliseo romano, pues no dependerá de ella.
Al final, todo mundo saldrá perdiendo si en vez de privilegiar el diálogo y los consensos, se continúa con la represión de Estado como herramienta política en casos como el de La Casita. En primer lugar, seguirá perdiendo la imagen turística de Cancún. Publicado en el " POR ESTO ! de Quintana Roo " (Inserción p. 5) |