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Dos mujeres contra un imperio
José Ángel Azcárate
Fundación Cultural Catalana
Aunque de inicio me parecía un poco exagerada, comienzo a compartir la opinión de algunos reporteros y comunicadores de que la controversia sobre La Casita se ha convertido en la polémica mediática del año en Cancún. Tengo que diferir, sin embargo, con las razones que periódicos de escándalo aducen para calificarla como tal. El verdadero mérito periodístico del caso de La Casita no estriba en las notas amarillistas en que algunos pasquines de poca circulación se han tratado de montar para embolsarse unos cuantos pesos más. Ni siquiera en el bochornoso oportunismo político de Armando García Torres, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El protagonismo de dicho funcionario ha sido tal que se ha ido descalificando él solo de la discusión pública. Más que un ombudsman de derechos humanos, parece un defensor oficioso de la causa del pederasta preso, Miguel Ángel García Rascón. Un análisis sucinto de las declaraciones de Armando García Torres en las últimas semanas, es la mejor evidencia de ello. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha dedicado más del 90% de sus declaraciones en los medios a favorecer al acaudalado ejecutivo procesado por violación y a denostar la imagen institucional de La Casita. En pocas palabras, durante cuatro semanas ha hecho del más tosco reduccionismo, su política en materia de derechos humanos. Indiferente a la compleja problemática social que en dicha materia flagela a Quintana Roo, se ha enfocado en calumniar a una sola institución privada y a favorecer a un solo criminal. Como si en Cancún y Quintana Roo no hubiese un sinnúmero de casos probados de corrupción gubernamental pendientes en distintos niveles, Armando García Torres perfiló todas sus baterías contra una organización no gubernamental de derechos humanos y aprovechó cada espacio en los medios de comunicación para atacarla desde una posición de autoridad. Al hacerlo, el presidente de la CEDH se descalificó de la discusión pública como genuino ombudsman por mostrar parcialidad. Como funcionario de gobierno, confundió a la opinión pública dolosamente, debido a que en sus primeras declaraciones a la prensa no especificó con claridad que la CEDH carece de facultades legales para investigar a particulares y a instituciones privadas. Existe un altero de declaraciones a la prensa y grabaciones de programas radiales que dan cuenta de su irregular proceder. Como desde el inicio se sabía que las denuncias pantalla contra la Casita ante la Procuraduría de Justicia, y su directora Patricia Seoane, no iban a proceder nunca por falta de elementos, el garante de los derechos humanos en el estado permitió que la institución que representa se convirtiese en caja de resonancia para el grupo coordinado por el hotelero pedófilo reincidente para defenderlo. De esa forma colaboró para dar una falsa legitimidad a denuncias que son de la estricta competencia de la Procuraduría de Justicia del Estado. De acuerdo a una denuncia penal interpuesta por la abogada de La Casita, Leydi Campos este jueves pasado, el funcionario también usurpó funciones cuando envió a personal de dicha institución ostentándose como autoridad competente para ingresar a propiedad privada sin contar ni con facultades legales, ni documento que autorizara dicha visita. La abogada, en conferencia de prensa el jueves pasado, mostró ante los medios, pruebas y fechas de dicha visitaduría. Ninguno de los presentes las puso en duda y el ombudsman del estado, no las ha desmentido. Hasta aquí lo inédito es que una institución gubernamental de defensa de derechos humanos fue utilizada a favor de un violador de los derechos más básicos de la niñez, según consta en dos multi-citadas causas penales y dos autos de formal prisión. Lo inédito es también que se instrumentalizó a una instancia de gobierno en contra de una asociación de derechos humanos que defiende menores y tiene una amplia base de apoyo social. Independientemente de las sospechosas conductas del presidente de la CEDH que favorecen al pedófilo de marras, lo inédito es también la ruptura de las relaciones bona fide entre la institución gubernamental y una ONG acreditada de la sociedad civil que se puede hacer rápidamente extensiva a otras. El comportamiento del presidente de la CEDH es atípico. Y va en contra de los intereses de las relaciones armónicas entre las ONG’s y el vínculo orgánico natural del gobierno del estado con ellas, que es precisamente la CEDH. El ataque de dicha institución a una ONG de derechos humanos, alineándose con los intereses de un empresario adinerado que violentó gravemente a dos menores de edad, ha sentado ya un mal precedente para otras asociaciones civiles que se topen con casos similares. Ha dejado sembradas también semillas de desconfianza que en vez de crear puentes levantan muros entre ONG’s y el gobierno en momentos en que Cancún requiere de unidad y políticas sensibles que lleven a la armonía. Más allá de todo eso, el valor periodístico en la polémica sobre La Casita estriba, más que todo, en un hecho inédito en la historia contemporánea de los medios de comunicación en Cancún. Se puede resumir en un párrafo: por primera vez, dos mujeres de la sociedad civil se han atrevido a confrontar públicamente a un medio de comunicación—en este caso al diario Voz del Caribe— el cual ha utilizado contra ellas, a través de su equipo editorial, las artes más sucias del periodismo. Al hacer esto, las dos mujeres, evidentemente en desventaja, han quebrado un tabú. El diario en cuestión, por su parte, ha tenido que recoger el guante del reto, poniendo sobre la mesa todo su capital mediático: su credibilidad como medio informativo que se presenta ante la sociedad como objetivo, imparcial y veraz. Las dos mujeres, ambas profesionistas, ambas madres de familias, son la Dra. Patricia Seoane, quien es ex catedrática de la Universidad Autónoma de Puebla y tiene un Master en Humanidades por la Universidad Anahuac, y la conocida activista social y abogada penalista, Leydi Campos Vera, especializada en criminología. En un hecho inédito, que es comentado ampliamente en el ámbito periodístico e intelectual de Cancún — y en cada vez más sectores de la comunidad internacional. Estas dos mujeres se han resistido a ser silenciadas e intimidadas por la catarata de titulares y notas amañadas con que el diario Voz del Caribe, desde una posición de poder, ha intentado apabullarlas ante la opinión pública. En vez de bajar la cabeza ante la bota del autoritarismo patriarcal, ambas damas han roto estereotipos, defendiéndose admirablemente mostrando creatividad e ingenio. Al mismo tiempo han evidenciado contundentemente varias triquiñuelas —e incluso embustes que llegan al libelo— que el periódico mencionado ha usado para tratar de desacreditarlas. En este proceso, Voz del Caribe y sus prácticas editoriales han venido a ser objeto de una discusión pública y su reputación ha quedado en entredicho. De informador, el diario pasó a ser noticia y sujeto del escrutinio público. Este suceso, la firme resistencia civil de ambas activistas, conforma un acto, que, en sí mismo, ha cautivado la atención de muchos actores sociales que están a la expectativa del desenlace. Y como hasta ahora hemos escuchado dos narrativas contrarias, el asunto no se puede quedar en dimes y diretes iniciados por un periódico. De no proceder las denuncias ante la PGJE contra las dos mujeres, el diario en cuestión quedará en ridículo y alienará a los lectores pensantes que aun le queden. En una batalla que se antoja por demás desigual, Gerardo García, director de Voz del Caribe se observa paradójicamente en una posición cada vez más difícil. De acuerdo a fuentes cercanas a él y a medios de comunicación locales, realiza incansablemente un activismo febril tratando de cerrarles, por todos los medios posibles, cualquier espacio—aun el legítimo recurso del desplegado— en que ambas mujeres puedan expresarse libremente y continuar respondiendo al maremagnum de imputaciones con escaso sustento que manan a diario de las planas de Voz del Caribe. El comunicador, pues, elude el diálogo público y asume aires de censor en ciernes. Quiere imponer el monólogo hasta afuera de su periódico, pero no lo ha logrado. Este activismo del director Gerardo García es un signo claro de debilidad, acentuado por la creciente cantidad de evidencias de que su serie inicial de reportajes contra La Casita fueron construidos de una manera artificiosa y dolosa, que despertó el repudio inmediato de filántropos importantes del sector empresarial cancunense y de renombradas fundaciones internacionales que ya iniciaron quejas diplomáticas formales que en nada benefician la imagen internacional de Cancún. Comentaba la semana pasada, que el efecto inmediato de los reportajes amarillistas contra la Casita fue que los filántropos locales, cerraran filas alrededor de la Dra. Patricia Seoane y La Casita. Por otro lado, la encuesta de opinión del programa televisivo Cancunámonos después de su programa del día jueves 28 de abril, confirmaba la confianza de la población en el proyecto de La Casita, pues alrededor del 80% de los más de 2 mil votantes, afirmaron que no creen las mil y un historias negativas que se ha dicho sobre la casa hogar. Tener un rating de aprobación de más del 75% luego de una furibunda andanada de embustes y amarillismo por cuatro semanas, encabezada por Voz del Caribe, sería la envidia de cualquier político. La sociedad en general, entonces, a pesar del intenso bombardeo mediático, también cerró filas a favor de la directora de la asociación de derechos humanos infantiles. En resumen, la imagen de las dos mujeres que en un hecho inédito se han atrevido a usar creativamente distintos medios para refutar con argumentos inteligentes a un diario, está saliendo fortalecida cada día que pasa. Esto obedece tanto al valor civil e ingenio demostrado por las activistas, como a la sólida trayectoria de ambas mujeres en su labor a favor de los niños, el cual cuenta con una amplia base de apoyo en todos los sectores de Cancún y en el terreno internacional. Pongámoslo así: gozan de un alto nivel de credibilidad y simpatía a pesar de sus detractores, voceros y paleros. Si esto fuera una telenovela—cosa que a muchos espectadores ya nos comienza a parecer—yo la titularía “Dos mujeres contra un imperio”. En este caso se trata, claro, sólo de un imperio de papel construido sobre mentiras y con sólo 4 mil súbditos-clientes cautivos (y uno que otro funcionario asustadizo). Al fin y al cabo imperio, tiene, por supuesto, a su reyezuelo, el director Gerardo García. Como en los anecdotarios del feudalismo europeo, éste pretende aplastar como tirano a los irreverentes vasallos que se oponen a su menor capricho, o se atreven a refutar su infalible dicho. El pueblo, en este caso los espectadores y la ciudadanía, espera expectante el fatal desenlace e instintivamente simpatiza con las dos mujeres en desventaja que han opuesto resistencia. ¿Cuál es el final? Si no las meten presas, el pueblo las convierte en heroínas, y el tiranuelo que las acusaba vehemente, queda, con todo y sus lacayos, en ignominiosa vergüenza. La presunción de inocencia es un pilar de todas las sociedades democráticas. Las dos mujeres son inocentes hasta que la Ley demuestre lo contrario—la autoridad competente en la materia, no el censor, el funcionario oportunista o el reyezuelo embustero. Cada día que pasa con ellas libres, la credibilidad de Voz del Caribe mengua y las dos mujeres que se atrevieron a cuestionar en público al medio, crecen. Y con ellas el número de simpatizantes y activistas de derechos humanos internacionales y nacionales, dispuestos a movilizarse a todos los niveles por solidaridad y para consolidar el precedente del hecho inédito.
Por Esto! de Quintana Roo.
(Inserción) |