Varios de los manifestantes fueron golpeados con salvajismo en presencia de la prensa cuando se encontraban sin defensa en el piso frontal de las instalaciones policiacas, mientras el grupo mayor de los manifestantes corría para escapar de los efectos de los gases y detrás de ellos iban judiciales, algunos encapuchados, que detenían a los que lograban alcanzar.

De estos hechos fue informado inmediatamente el gobernador del estado, Félix González Canto, que presidía en el Centro de Convenciones una comida por el Día del Burócrata.

El mandatario en los últimos días endureció la línea de su gobierno contra las manifestaciones a través del procurador de Justicia, Bello Melchor Rodríguez Carrillo, quien prometió hacer todo lo posible por reunir elementos para iniciar un proceso en contra de Leydi Campos Vera, asesora jurídica de "La Casita", quien esta tarde se había presentado a declarar y se encontraba todavía en las instalaciones de la Subprocuraduría cuando sucedieron los acontecimientos.

Leydi Campos Vera, como subdidrectora de Averiguaciones Previas de la Procuraduría de Justicia de la administración de Joaquín Hendricks, tuvo la responsabilidad de integrar el expediente que condujo a la detención de Jean Succar Kuri, un empresario libanés asentado en Cancún acusado de pederastia.

Ahora, la principal acusadora de Succar se ha retractado de la denuncia original, y al mismo tiempo surgieron denuncias en esta nueva administración de González Canto en contra de Leydi Campos Vera, en las que se involucra a Patricia Seoane, directora de "La Casita", en delitos de tráfico de menores, junto con su asesora jurídica.

Esta aparente embestida en contra de los directivos de "La Casita" ha llamado la atención de numerosas organizaciones internacionales que en los últimos tres días han participado en manifestaciones de respaldo a los dirigentes, a quienes creen inocentes de los cargos que se les fincan.

El gobierno municipal, a cargo de Francisco Alor, también endureció su línea y ordenó el sábado la detención de cuatro extranjeros, a quienes se acusa de violar la Ley General de Población y, por lo mismo, fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración.

Ayer domingo, agentes municipales recibieron la petición de Tomás Mendiburo, director de Servicios Periciales de la Procuraduría de Justicia del Estado, de detener a cuatro miembros de la Asociación Latinoamericana de Activistas Sociales (Alas), cuando repartían en el centro de Cancún cientos de volantes en los que condenaban los actos de represión que en contra de ellos ejerce la Procuraduría.

Sin embargo, los uniformados se negaron a acatar la petición cuando comprobaron que no cometían delito al alguno al repartir su material. Entonces, Mendiburo llamó a agentes judiciales que cumplimentaron la petición y los detuvieron.

Esta tarde han sido detenidos veinte activistas más y se ha creado un clima de tensión.

Las autoridades estatales declinaron hasta el momento hacer alguna declaración acerca del incidente.

"Nosotros actuamos en apoyo de la Procuraduría de Justicia porque así lo solicitaron", expresó Ricardo Adrián Samos Medina, director general de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos del municipio, quien el domingo presentó una denuncia en contra de los manifestantes que marcharon sábado y domingo por la zona hotelera y por ello los acusan de "ataques" a las vías generales de comunicación.